El Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) de Elon Musk ha pasado las primeras seis semanas de la nueva administración Trump poniendo patas arriba el gobierno federal. Se ha movido de agencia en agencia, accediendo a datos sensibles y sistemas de pago, todo ello en una supuesta estrategia para auditar el gobierno y detener el fraude, el despilfarro y el abuso. El DOGE ha publicado sus «conclusiones» en su sitio web, muchas plagadas de errores.
Pero dos auditores federales con años de experiencia, que han trabajado en auditorías financieras y técnicas para el gobierno, refieren que las acciones del DOGE son lo más alejado de lo que parece una auditoría real. Ambos pidieron hablar bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar con la prensa.
«Sinceramente, no hay punto de comparación entre una auditoría real y lo que está haciendo DOGE. Ninguno de ellos es auditor», puntualiza uno de los profesionales consultados por WIRED. En septiembre, durante su discurso de campaña presidencial, Trump aseguró que crearía una «auditoría financiera y de rendimiento completa de todo el gobierno federal». Musk subrayó el recorte inicial de 2 billones de dólares del presupuesto federal; más que todo el presupuesto discrecional de 2023, equivalente a 1.7 billones de dólares.
Con el tiempo, Musk reformuló sus ambiciones y fijó un nuevo objetivo: reducir 1 billón de dólares del gasto público. No obstante, su argumento para seguir con el despido de personal y el recorte de recursos continuó siendo el mismo: «ese dinero puede recortarse identificando el despilfarro, el fraude y el abuso». Si bien es cierto que hay casos de dinero público desviado, un estudio de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO, por sus siglas en inglés) publicado en 2024, estimaba que el gobierno pierde entre 233,000 y 521,000 millones de dólares al año por fraude, incluso recuperando todo ese gasto no equivaldría al billón de dólares que Musk espera recortar del presupuesto.
Los auditores alegan que no solo la afirmación de Musk es incierta, sino que el DOGE parece haber evitado por completo el protocolo para erradicar el despilfarro: «Una auditoría que sigue las Normas de Auditoría Gubernamental Generalmente Aceptadas (GAGAS, por sus siglas en inglés), también conocida como auditoría del Libro Amarillo, se lleva a cabo de acuerdo con las normas emitidas por la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de EE UU. Las auditorías pueden centrarse en las finanzas, el cumplimiento o el rendimiento de un organismo. «Es el patrón de cómo se audita a la Administración».
Una auditoría GAGAS suele constar de cinco fases: planificación, recopilación de pruebas, evaluación, elaboración de informes y seguimiento. Los profesionales definen el alcance, identifican todas las leyes y normas aplicables y elaboran un plan de auditoría. A continuación, entrevistan al personal, revisan los registros financieros y examinan los datos, informes y transacciones, documentando todo el proceso. A partir de ahí, comparan la información con las políticas o procedimientos para determinar si se ha producido algún tipo de fraude o abuso, y elaboran un informe en el que detallan sus conclusiones y ofrecen recomendaciones. A menudo, estos informes se hacen públicos. Después de una auditoría se hace un seguimiento con la agencia para asegurarse de que se introducen cambios.
También existen definiciones muy técnicas de lo que constituye despilfarro, fraude o abuso. Despilfarro puede significar que hay ineficiencias en un programa que pueden llevar a comprar más de algo que no se utiliza, o a pagar más de lo necesario por un servicio. El fraude implica el engaño intencionado, como soborno o falsificación de documentos comerciales. Abuso equivale a hacer cosas que no son necesariamente ilegales, pero que no son éticas. Puede tratarse de nepotismo, favoritismo en la contratación o gastos excesivos en viajes.
En una entrevista reciente con el podcaster Joe Rogan, Musk mencionó que no creía que el gobierno fuera «una gran estafa piramidal» y alegó que el «fraude de los derechos es una gigantesca fuerza magnética para atraer a gente de todo el mundo y mantenerla aquí». Los dos auditores explicaron a WIRED que analizar las minucias tecnológicas y financieras incluso de un solo proyecto o parte de un organismo puede llevar entre seis y 18 meses.
«No se puede auditar coherentemente una agencia en una semana o dos», afirma el segundo especialista. Ambos coinciden en que esta prisa por abrir sistemas sin comprenderlos del todo es lo que ha llevado a las falsas afirmaciones de Elon Musk de que personas de 150 años están recibiendo prestaciones de Seguridad Social. «Podría ser que el DOGE no desduplicara los datos».
«Es un atraco, el robo de una gran cantidad de datos del gobierno», desarrolla el segundo auditor. A los trabajadores federales que conversaron con WIRED les preocupa que sus propios datos puedan usarse para vigilarlos y despedirlos en función de sus identidades y opiniones políticas. También preocupa que el DOGE pueda acceder a los datos de contratos y adquisiciones que contienen información sensible que las empresas facilitan para trabajar con el gobierno federal.
En el pasado, WIRED informó que el departamento de Musk está desplegando GSAi, un chatbot de inteligencia artificial en la Administración General de Servicios (GSA, por sus siglas en inglés). Los nuevos documentos judiciales también indican que Marko Elez, el exrepresentante de DOGE en el Departamento del Tesoro, compartió una hoja de cálculo con información de identificación personal fuera de la agencia.
Y sin tiempo para que los auditores entiendan un nuevo sistema de datos, como entrevistar al personal de la agencia o aprender el lenguaje de codificación, el primer especialista cree que el equipo del DOGE está operando a ciegas: «Cuando recopilan un conjunto de datos, imagino que no lo reciben con ningún tipo de descripción. No hay condiciones de uso de ningún sistema gubernamental… No hay testimonios de apoyo de propietarios de sistemas de datos, de expertos en sistemas de datos. Ni siquiera conocen el lenguaje y los sistemas de bases de datos en los que trabajan. Por eso siguen metiendo la pata».
Los auditores describieron un largo proceso de investigación que les permitió obtener los permisos necesarios para bucear en los datos y sistemas de un organismo. Además de pasar por el proceso de selección inicial. De acuerdo con las fuentes especializadas, a los auditores se les exige una formación continua. «Ninguno de ellos tiene formación, ni certificaciones, mucho menos autorizaciones», expresa el primer auditor.
Los trabajadores federales comparten su agobio con WIRED por el hecho de que los agentes del DOGE parecen haberse saltado los protocolos normales de autorización de seguridad para acceder a sistemas sensibles. En reportajes anteriores se reveló a muchos de los miembros más jóvenes de DOGE, todos ellos de 25 años o menos, con experiencia laboral limitada, y ninguna en la Administración. Uno de ellos, Edward Coristine, conocido en internet como ‘Big Balls’ (bolas grandes), parece haberse graduado de la preparatoria recientemente. A pesar de ello, se les dio acceso de alto nivel a lugares como la GSA, la Administración de la Seguridad Social y el Tesoro. Otros, como los de la Administración Federal de Aviación, proceden directamente de las propias empresas de Musk y no fueron investigados a fondo antes de su incorporación.
Los auditores también señalaron que la cancelación de contratos puede incrementar los costos a largo plazo, en lugar de reducirlos. El gobierno a menudo negocia acuerdos sobre grandes compras en los que obtiene descuentos por compras al mayoreo. Cancelar un contrato no solo significa que el gobierno tendrá que pagar algún tipo de tasa para compensar la cancelación del contrato, sino que una parte de esa compra tiene que ser restablecida más tarde; ese descuento inicial por volumen probablemente desaparecerá, haciéndolo más caro en general. Este fue el caso de muchas de las licencias de software que DOGE quería recortar.
Desde que arrancó el gobierno, DOGE ha cancelado miles de contratos públicos, incluidos 10,000 específicamente para ayuda humanitaria. Según un informe de Associated Press, es probable que el 40% de los contratos cancelados hasta finales de febrero no supongan ningún ahorro para el gobierno. «Acabarán costando más de alguna manera, ya sea tiempo, molestias o dinero», describe el segundo auditor.
De acuerdo con los auditores, hay formas de que el departamento lo haga bien: «Si DOGE quisiera ser útil, podría. Yo empezaría por fijarme en las recomendaciones existentes del Inspector General». En la página web del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) hay más de 1,200 recomendaciones que aún no se han aplicado y que podrían ahorrar al gobierno cientos de millones de dólares.
En una entrevista para FOX Business con Larry Kudlow, se le preguntó a Musk cómo es que su equipo identificaba qué perseguir en el gobierno, él contestó: «Miramos las órdenes ejecutivas del presidente, y también seguimos el dinero». Los auditores dicen que no están necesariamente en contra de traer a gente de fuera del gobierno para ayudar a agilizar los procesos gubernamentales, pues es algo que el gobierno ya estaba haciendo antes de que Trump jurara su segundo mandato. Por ejemplo, 18F, la agencia de servicios digitales dentro de los Servicios de Transformación Tecnológica de la GSA, fue diseñada explícitamente para servir como una consultoría interna que permitiría a las agencias federales aprovechar la experiencia del sector privado. Sin embargo, el DOGE ha dividido el grupo, poniendo en pausa varios proyectos en curso para hacer que los servicios del gobierno sean más eficientes para los usuarios.
El segundo auditor concluye que estas acciones demuestran que las intenciones del DOGE no están precisamente orientadas hacia la eficiencia: «Es una estafa». La Casa Blanca no respondió inmediatamente a nuestra solicitud de comentarios.
Se publicó originalmente en WIRED. Adaptada por Alondra Flores.
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