Una nueva demanda presentada por más de 100 trabajadores federales ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York alega que la decisión de la administración Trump de dar acceso al Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) a sus datos personales sensibles es ilegal.
Los demandantes piden al tribunal una orden judicial para cortar el acceso de DOGE a la información de la Oficina de Administración de Personal (OPM, por sus siglas en inglés), que funciona como el departamento de Recursos Humanos de Estados Unidos y alberga datos sobre los trabajadores federales: credenciales de Seguridad Social, números de teléfono y archivos de personal. Anteriormente, WIRED documentó el poder que Musk y personas vinculadas a él mantenían dentro de la OPM.
«Los demandados (agentes del DOGE), muchos de los cuales son menores de 25 años o fueron empleados de empresas privadas de Musk, tienen acceso ‘administrativo’ a los sistemas informáticos de la OPM. Estos no fueron sometidos a ninguna investigación normal y rigurosa de seguridad nacional», precisa la demanda. Los demandantes acusan al DOGE de violar la Ley de Privacidad, una norma de 1974 que determina cómo el gobierno puede recopilar, utilizar y almacenar información personal.
Elon Musk, el DOGE, la Oficina de Gestión de Personal y el director en funciones de la OPM, Charles Ezell, figuran como demandados en el caso. Entre los demandantes hay más de un centenar de trabajadores federales de todo el gobierno de EE UU, así como grupos que los representan, como Federación del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO, por sus siglas en inglés), una coalición de sindicatos, la Federación Americana de Empleados del Gobierno (AFGE, por sus siglas en inglés) y la Asociación de Jueces de Derecho Administrativo. La AFGE representa a más de 800,000 trabajadores federales, desde empleados de la Administración de la Seguridad Social hasta agentes de la patrulla fronteriza.
Los demandantes están representados por destacados abogados de la industria de la tecnología, incluido el abogado de la Electronic Frontier Foundation (EFF, por sus siglas en inglés), un grupo de derechos digitales, así como Mark Lemley, un abogado de propiedad intelectual y tecnología que recientemente abandonó a Meta como cliente en su contencioso juicio por derechos de autor de IA porque se opuso a lo que alega es un cobijo de la compañía a la «locura neonazi».
«El acceso ilegal del DOGE a los registros de los empleados resulta ser el medio por el cual están tratando de lograr una serie de otros fines ilegales. Así es como consiguieron una lista de todos los empleados del gobierno para hacer su oferta ilegal de compra. Les da acceso a información sobre empleados transexuales para poder discriminarlos ilegalmente. Y sienta las bases para los despidos injustificados que hemos visto en múltiples departamentos», declara Lemley a WIRED.
Victoria Noble, abogada de la EFF, afirma que el acceso a los datos por parte del DOGE suscita gran preocupación debido a la naturaleza política del proyecto de «reestructuración» del magnate: «Por ejemplo, existe el riesgo de que Musk y sus allegados puedan utilizar los datos de OPM para atacar a oponentes ideológicos o ‘personas que ven como desleales'».
«Hay un riesgo latente de que esa información se utilice para identificar empleados a los cuales despedir basándose en consideraciones impropias», sugiere Noble a WIRED. Los registros podrían contener información médica, datos sobre discapacidades y archivos que señalan la implicación de la gente con los sindicatos. La Oficina de Gestión de Personal y la Casa Blanca no respondieron a las peticiones de comentarios.
«Esta es solo la primera fase, centrada en conseguir una orden judicial que ponga fin a la violación continuada de la ley», esclarece Lemley. La siguiente fase incluirá la presentación de una demanda colectiva en nombre de los trabajadores federales afectados.
Lemley explica que cualquier empleado o ex empleado federal que gaste o pierda incluso una pequeña cantidad de dinero en respuesta a la violación de datos, tiene derecho a un mínimo de 1,000 dólares en concepto de daños y perjuicios. La demanda especifica que los demandantes ya han pagado por servicios de monitorización de crédito y monitorización web para protegerse contra un posible mal uso de sus datos por parte de DOGE.
La demanda forma parte de una avalancha de denuncias presentadas en los últimos días en oposición a varias órdenes ejecutivas firmadas por Trump, así como a las actividades llevadas a cabo por el DOGE, que ha enviado a un grupo de allegados de Musk para revisar radicalmente y, a veces, desmantelar efectivamente varias agencias gubernamentales.
Una demanda anterior presentada tribunal de distrito de Virginia, contra la Oficina de Administración de Personal el 27 de enero alega que DOGE estaba operando un servidor ilegal. A inicio de la semana, el Electronic Privacy Information Center, una organización sin fines de lucro centrada en la privacidad, presentó su propia demanda contra la OPM, el Departamento del Tesoro y el DOGE, alegando «la mayor y más consecuente violación de datos de la historia de EE UU». También solicitaba una orden judicial para detener el acceso del DOGE a datos confidenciales.
Por otro lado, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) también calificó de ilegal el acceso a los datos por parte del DOGE en una carta enviada la semana pasada a los miembros del Congreso. Los tribunales ya han tomado algunas medidas limitadas para frenar la campaña de DOGE. El sábado, un juez federal bloqueó a los allegados de Musk el acceso a los registros del Departamento del Tesoro que contenían datos personales confidenciales, como números de la Seguridad Social y de cuentas bancarias. La Administración Trump ya está contraatacando agresivamente, calificando la orden de «interferencia judicial sin precedentes». Supuestamente, Trump se está preparando para firmar una orden ejecutiva que ordena a las agencias federales a trabajar con DOGE.
Artículo publicado originalmente en WIRED, adaptado por Alondra Flores.
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